La Cámara Federal de Casación anuló un fallo propio del 26 de junio pasado y volverán a investigarse como presuntos sobornos los pagos no declarados que Angelo Calcaterra hizo a exfuncionarios kirchneristas.

La decisión la tomó la Cámara por dos votos contra uno. Diego Barroetaveña y Daniel Petrone firmaron el fallo de hoy, con la disidencia de Carlos Mahiques.

La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Barroetaveña, Mahiques y Petrone había decidido el 26 de junio pasado que el empresario Calcaterra, primo de Mauricio Macri, no fuera juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debía ser analizado por la justicia federal electoral como meros aportes de campaña no declarados y no en un juicio oral por presuntas coimas.

Tras ese fallo, el fiscal Raúl Pleé pidió la nulidad de la decisión y lo mismo hizo el organismo que combate el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera. Plee argumentó que los jueces decidieron sin escuchar a la UIF, que es una de las partes en la causa de los cuadernos de las coimas.

Por eso, ahora la escucharon. Tras leer los argumentos de este organismo -y luego de las fuertes críticas que generó la medida que beneficiaba a Calcaterra- la Casación anuló su decisión.

El fiscal Pleé había dicho: “La decisión de enviar el caso al fuero electoral implica una absolución encubierta y directa para Calcaterra y Javier Sánchez Caballero por hechos por los que fue acusado por esta fiscalía y la querella de la UIF (Unidad de Información Financiera), y que se pretende que queden afuera del juicio”.

La abogada de Calcaterra Valeria Oneto había replicado que no había perjuicio por asignar la causa a la justicia electoral, y que sin perjuicio no hay nulidad e indicó, mostrando una pila de notas impresas de LA NACION y otros medios que “solo la repercusión pública” y la “campaña mediática” que se desató contra el fallo que declaró la competencia electoral, explican que la Cámara de Casación revise su propia decisión.

Los jueces de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone habían resuelto el 26 de junio pasado que pagos de miles de dólares que realizó el empresario a funcionarios kirchneristas eran aportes de campaña y no coimas, por lo que enviaron la causa a la justicia electoral. Allí, en lugar de juzgar un delito penal como un soborno, se pude aplicar una multa por realizar un aporte electoral no declarado y se cierra el asunto.

Sin embargo, el fiscal Pleé y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron declarar nula esa decisión porqué no se había escuchado al organismo antilavado antes de decidir. Por eso es que los jueces Barroetaveña y Petrone, con la disidencia de Mahiques, llamaron a la audiencia realizada hoy.

Allí se dieron los cruces entre la fiscalía y la defensa ante los jueces. Mahiques, muy serio con el gesto adusto, casi ni cruzó la mirada con Pleé y la fiscal del juicio Fabiana León, que estuvo a su lado. Al concluir se levantó y se fue. Contrastó con el gesto de sus colegas al estrechar las manos de los abogados presentes para despedirse.

Los magistrados de Casación habían entendido que Calcaterra no pagó sobornos para mantener sus contratos con el kirchnerismo sino que efectuó aportes económicos para las campañas electorales de 2013 y de 2015. En el fallo hoy anulado consideraron que los pagos que realizó a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del hotel Hilton no eran coimas, sino que era dinero para la campaña electoral. De esta manera, Calcaterra fue excluido del juicio del caso de los cuadernos y se envió el expediente a la jueza federal electoral María Servini para que en lugar de acusarlo de cohecho, se lo investigue por una leve falta al Código Electoral. Ahora, eso deberá revertirse.

El caso de los cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.